Cayó la cúpula de la cárcel de Villa María y los tres son de traslasierra

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Se trata de Andrés Aciar, Edgar Arroyo y Néstor Gómez, director, subjefe de Operaciones y jefe de Seguridad del penal de barrio Belgrano, respectivamente. Los tres fueron detenidos por orden del fiscal cordobés Enrique Gavier

Por orden del fiscal de Instrucción de Delitos Complejos, Enrique Gavier, en las últimas horas se realizaron allanamientos en distintos puntos de la provincia y se concretaron detenciones, entre las que figura nada menos que la del director del Establecimiento Penitenciario Nº 5 de Villa María, Andrés Américo Aciar.

La impactante noticia fue confirmada anoche por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, que dio a conocer también los arrestos de Edgar Ezequiel Arroyo y Néstor Gómez, subjefe de Operaciones y jefe de Seguridad del penal de barrio Belgrano, respectivamente.

La imputación que pesa sobre ellos es como presuntos coautores del delito de “asociación ilícita”. Asimismo, tres fueron pasados a situación pasiva por disposición de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad provincial.

La semana pasada, Gavier había ordenado la detención de otros tres funcionarios del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) por el mismo delito, en el marco de una causa en la que investiga algunas maniobras tendientes a favorecer a presos a cambio de dinero.

Por el momento, no se confirmó si los arrestos de Aciar, Arroyo y Gómez (los tres son oriundos de Traslasierra) tienen relación con la misma causa.

Los otros detenidos

El 7 de septiembre, el fiscal detuvo al subdirector de Operaciones de la cárcel de Bouwer, Sergio Alejandro Guzmán, al abogado penalista Alfredo Ciocca y a un tercer hombre, identificado como Ramón Salas, a quien voceros judiciales vinculan con algunas esferas de la política provincial.

Gavier tomó esa decisión basándose en pruebas recabadas en una serie de allanamientos realizados en oficinas, estudios de abogacía y domicilios particulares.

Cecilia Lanzarotti, secretaria de Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia y DD. HH. de Córdoba, indicó a los medios que Guzmán no tenía atribuciones para decidir externaciones de convictos, así como tampoco las distintas modalidades de libertad.

Tampoco tenía entre sus funciones evaluar la conducta de los presos, que en el SPC es una función que está a cargo del Consejo Correccional, un organismo técnico-criminológico, integrado por psicólogos y médicos.

El Ministerio de Justicia provincial precisó entonces que los hechos investigados “fueron puestos en conocimiento por el propio Servicio Penitenciario de Córdoba, ante la Unidad Judicial de Delitos Económicos con fecha 15/06/2023, aportando elementos probatorios en relación con dicha causa”.

Fuentes con acceso a la pesquisa dijeron que los imputados habrían pedido sumas de dinero en pesos y dólares a los convictos y sus familiares para falsificar informes de conducta, que les permitían mejoras en las condiciones de alojamiento en sus celdas, además de facilitar el ingreso al penal de algunos elementos para los presos, entre otras maniobras.

Anoche, al difundir la información de las detenciones de los funcionarios de la cárcel de Villa María a través de su cuenta de X (Twitter), el Ministerio de Justicia ratificó su “firme voluntad de colaborar con la investigación llevada a cabo por dicha autoridad judicial” y el objetivo de evitar delitos que pudieran ser cometidos desde los establecimientos penitenciarios de la provincia.

Fuente: El Diario Cba

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